Sin duda alguna es el Congreso de la República la institución del Estado más importante, no solo porque cuenta con representatividad de todo el país, sino porque es allí donde se supone, se toman las decisiones que debieran contribuir al desarrollo integral de toda una nación, sin embargo, a lo largo de la historia, los “honorables padres de la patria”, salvo contadas excepciones, han demostrado todo lo contrario.
La semana que estamos finalizando, quedará marcada en la historia como una de las más tristes y lamentables, primero porque, tal como se esperaba; la unión entre la bancada UNE y FCN, más otros votos de bloques minoritarios, protegieron al Presidente Jimmy Morales al votar en contra que se le retirara la inmunidad y enfrentara a la justicia que lo acusa de supuesto financiamiento electoral ilícito mientras él era Secretario General del partido que lo llevó al poder.
Y cuando pensábamos que todo había acabado, oh sorpresa, los diputados tenían un regalito en plena víspera de las “fiestas patrias”. Después de rasgarse las vestiduras y somatarse el pecho cantando el Himno Nacional durante la sesión solemne que se celebró el pasado miércoles 13 de los corrientes en horas de la mañana, por la tarde los legisladores demostraron de qué están hechos al aprobar de urgencia nacional reformas al Código Penal.
De nada sirven los argumentos falaces de algunos legisladores como Manuel Conde Orellana (zorro de la vieja política), al querer tapar el sol con un dedo diciendo que lo que hicieron fue un ordenamiento jurídico de lo tipificado el artículo 407 N del Código Penal referente al Financiamiento Electoral Ilícito, además de reformar los artículos 50 y 51 de dicha norma que se refiere a la conmutación de las penas y los delitos inconmutables.
Está claro que lo realizado por las ratas del Congreso que votaron a favor, fue intentar quitar la responsabilidad de este delito a los secretarios generales de los partidos, ahora la responsabilidad legal la tendrán los contadores, como dice el viejo y conocido refrán, la pita siempre se rompe por lo más delgado, además, habrá que ver quien con esta gracia querría ser contador de un partido político.
La justificación resulta más burda al saber que la afrenta del Legislativo al pueblo de Guatemala, se dio de urgencia nacional, vaya casualidad, Orlando Blanco quien fungió como Secretario General de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los ponentes de la iniciativa de ley y Roberto Villate quien ocupó el mismo cargo en el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), actualmente están acusados por el delito antes mencionado y con posibilidad que se les retire el derecho de antejuicio.
“La corrupción de la política no tiene nada que ver con la moral, o la laxitud de la moral, de diversas personalidades políticas. Su causa es meramente material”. (Emma Goldman).
Ante la presión de un buen número de guatemaltecos que, al igual que en 2015 se pronunció especialmente por las redes sociales y a través de algunos medios de comunicación independientes, los diputados no tuvieron más que aceptar su grave error y prometieron dar marcha atrás a su decisión, (en términos legales, evitar que las reformas planteadas al Código Penal, nacieran a la vida jurídica), aunque a la decisión de los parlamentarios, se adelantó la Corte de Constitucionalidad, al dejar sin efecto provisional las citadas modificaciones al Código Penal.
Aunque los legisladores no se cansen de pedir perdón y aseguren que no estaban en sus cabales al momento de aprobar dichas iniciativas de ley, el precedente quedó y el pueblo de Guatemala jamás olvidará el miércoles 13 de septiembre de 2017 como aquel día que un grupo de sinvergüenzas quiso pasarse de listos y darle la peor estocada al Pueblo de Guatemala, al querer concretar un pacto de corrupción.
El bono de la vergüenza
Antes de la reciente estocada de los diputados, los guatemaltecos digeríamos otro trago amargo propiciado otra vez por el Presidente de la República, Jimmy Morales. La publicación del medio digital Nómada de pagos realizados al mandatario por Q.50,000.00 mensuales en concepto de bono de riesgo, nuevamente puso tras las cuerdas al mandatario.
El Ministro de la Defensa, Williams Mansilla, salió el paso de lo publicado y en conferencia a la prensa, dejó más dudas que respuestas. Con una voz titubeante por ratos y queriéndonos ver la cara de idiotas, el militar justificaba que ese estipendio se le otorgaba a Morales por “la responsabilidad y el riesgo que conlleva ser servidor público”, declaración que causó indignación en la mayoría de guatemaltecos.
En un país donde la inseguridad es galopante, donde el salario mínimo no alcanza ni para lo necesario, donde la educación y la salud lloran sangre, donde el desempleo ahoga a miles de guatemaltecos, donde las carreteras están destruidas, donde la protección de nuestros recursos naturales es nula y donde mueren niños a diario por desnutrición crónica, es inaudito que un presidente que dijo ser “Ni corrupto ni Ladrón”, le robe en forma descarada a su pueblo, porque el pago aunque fuera, no dejaba de ser moral.
Ante el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas, cuyos auditores se presentaron casi de inmediato ante el Ministerio de la Defensa para solicitar toda la información del caso y luego dictaminar que el mandatario tenía un plazo de 15 días para presentar sus argumentos y justificar dicho pago que hasta hoy sumaban Q.450,000.00 o en su defecto devolverlos, se sabe que ocurrió lo segundo, cosa que al momento de redactar esta columna, tampoco había sido comprobada.
Por cierto, el presidente Jimmy Morales sigue sin dar declaraciones a la Prensa independiente, sus últimos mensajes han sido por medio de sus canales oficiales, cosa que considero se está convirtiendo en una bomba de tiempo que tarde o temprano, explotará.
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