Los medios de comunicación masiva, como articuladores del poder, juegan un papel de primer orden en las crisis de todo gobierno, y basta definirlos en primera instancia como a favor o en contra de este. Sin embargo, en un sentido académico, debemos reconocerlos como parte de las instituciones que, junto a la iglesia y a las entidades educativas, constituyen los grandes ordenadores que encadenan procesos de opinión pública, a favor o en contra de algo o alguien. (Interiano, 2011)
Para el guatemalteco promedio, los medios de comunicación no son más que herramientas por las cuales se puede mantener informado sobre determinado tema, empero, para quienes nos formamos como comunicadores, hablar de medios de comunicación masiva es reconocer su calidad como empresas mercantiles, que responden a intereses económicos mediante el posicionamiento de tendencias políticas.
Y son precisamente estas tendencias del ámbito político las que suelen generar una ola de desinformación, que hoy por hoy inunda la social media, ya que las audiencias tienden a seguir una sola línea informativa, llegando a rechazar todo criterio que sea contrario al definido por el medio con el que se sienten identificados.
A partir de 2015 la opinión pública en Guatemala ha permanecido dividida, un poco gracias al desinterés y cansancio que provoca darle seguimiento a la cobertura mediática en torno a temas de corrupción, y un tanto por la labor oficiosa de aquellos medios que se han despojado de todo valor ético y moral, y han emprendido una cuestionable estrategia de comunicación a favor de los actores políticos que han sido señalados por las instituciones de justicia, debido a los actos de corrupción cometidos dentro de su función pública.
Este tema, que no deja de ser polémico y un tanto confuso, no debe dejar de sustentarse sobre los hechos que vulneran lo normado en la legislación vigente, que debiera regular el quehacer mediático, especialmente en cuanto a la exposición de actores de la sociedad civil se refiere.
En el caso particular de la coyuntura política actual, todos aquellos medios que están siendo detectados por su firme intención de descontextualizar o distorsionar la opinión de la audiencia, deberían ser sometidos a lo que establece el Artículo 34 del Decreto 9, Ley de Emisión del Pensamiento, que en su forma literal expresa:
Son injuriosas las publicaciones que ataquen la honra o la reputación de las personas o las que atraen sobre ellas menosprecio de la sociedad.”
Si los mass media estimulan a la población para que gire en torno a determinado comportamiento público que menosprecie la vida y las acciones del otro, por el simple hecho de que este otro no responde a sus intereses, es un punto de partida para que el peso de la ley recaiga sobre los responsables de la emisión de este tipo de mensajes confrontativos.
En la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, somos conscientes de que la comunicación no es un campo a conquistar, sino un campo a defender, y en ese sentido valoramos el proyecto de El Sancarlista U (ESU), que desde la academia está impulsando una nueva forma de hacer periodismo, sin sesgos ideológicos y con el firme objetivo de informar de forma transparente, en donde todas y todos los involucrados somos responsables de nuestra calidad de activistas sociales, capaces de generar opinión pública en la búsqueda de una sociedad más consciente de su realidad nacional.
Muy buen artículo, Claudia
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Muy acertado e interesante la publicación, varios medios de información no sólo mal informan, sino, con sus llamativos títulos, escogiendo palabras claves, hacen odiar a un persona o ente en particular. Las masas se mueven en torno al populismo y a su lado la gente que no necesita ser informada o desinformada, simplemente se suman.
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Muy atinado y claro. Saludos
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