¿O son tercos, o ignorantes?

Cuando escuchamos noticias de otros países donde se toman medidas drásticas contra un funcionario luego de comprobarse que éste hizo mal uso de los recursos públicos, nos sorprendemos y nos preguntamos: ¿qué nos hace diferente a esas realidades?, al tiempo de exclamar con tristeza que quizá nunca llegaremos a esos niveles.

Traigo a colación lo anterior porque en los últimos días, hemos visto como nuestras máximas autoridades, las que debiesen poner el ejemplo, porque además ser dignatarios de la nación, representan la unidad nacional, se han dado a la tarea de atacar la labor de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que por mandato constitucional establecido en el artículo 232 de la Constitución Política de la República, debe fiscalizar la forma como se ejecutan los recursos de los contribuyentes.

En un Estado democrático, es importante la existencia de pesos y contrapesos, y para eso existen instituciones como la entidad fiscalizadora, que lejos de ser atacada, debiese recibir todo el apoyo de las autoridades respectivas, especialmente desde el ejecutivo, porque aunque es una entidad descentralizada, presupuestariamente depende de lo que para el efecto le asigne en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, el Congreso de la República.

Las últimas acciones de la CGC en relación a la forma como se quieren ejecutar fondos públicos en el marco del estado de calamidad decretado por el legislativo para paliar la crisis que viven los afectados por la erupción del volcán de fuego, están acertadas, porque como lo argumentan sus autoridades, no se puede aprovechar el dolor de la gente para no hacer las cosas conforme mandan las normas establecidas para el efecto.

Es fácil decirle a la población que hay instituciones que no dejan trabajar, viniendo del Presidente de la República Jimmy Morales, que aceptó por varios meses un sobre sueldo de 50 mil quetzales que “generosamente” le otorgaba el ejército como bono de riesgo, no me extraña, pero que las palabras del mandatario sean secundadas por el vicepresidente Jafeth Cabrera, si me pone en que pensar, por su trayectoria académica, que lo llevó incluso hasta la rectoría de la máxima casa de estudios del país.

La Contraloría solo está haciendo su trabajo, si no lo hace, la población, como suele suceder, le reclamará más adelante y con justa razón, ya el subcontralor del Gasto Público, César Elías, explicó que por lo menos son seis aspectos los que presentan inconsistencias, y que incluyen tanto lo relacionado con el contrato para el diseño y construcción de viviendas como el de supervisión.

Se establece el costo de los inmuebles, cuando aún no existe un diseño de construcción determinado. Además, no se tienen suficientes documentos que comprueben la experiencia de las empresas a las cuales se les adjudicaron los proyectos, también se solicita un estudio de impacto ambiental, a pesar de que ya cuentan con uno, de acuerdo con lo que establecieron por los auditores del ente fiscalizador. ¿Qué tan difícil es cumplir con esto?

La terquedad de los altos funcionarios solo evidencia un desconocimiento total o necedad por seguir haciendo las cosas de mala manera, no se puede justificar la tragedia para no cumplir con los pasos establecidos, la ejecución del gasto público, aún en estados de calamidad, debe cumplir con requisitos mínimos. Me pregunto: ¿O son tercos, o en realidad son ignorantes?