Por: Steve Berducido
Invasiones a fincas de costa sur son el detonante de un conflicto entre empresarios guatemaltecos y supuesta estructura de red criminal que estafa a pobladores con venta ilegal de tierras y que puede desembocar según empresarios en un derramamiento de sangre.
Son al menos1 mil 200 pobladores estafados que pagaron a un juez, un exdiputado y el exrepresentante legal de Roxana Baldetti, quien les vendieron terrenos de la finca San Francisco Miramar, ubicada en Colomba, Costa Cuca Quetzaltenango, propiedad privada donde están residiendo los pobladores provocando destrozos, según los denunciantes.
Los representantes de la Cámara del Agro (Camagro), Cámara de Industria de Guatemala (Cig), Cámara de Finanzas (Cf), y de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), solicitaron la pronta acción de la Corte Suprema de Justicia (Csj), para restablecer los derechos de los legítimos propietarios de la finca San Francisco Miramar.
Carlos Torrebiarte, director de Agroindustrias Miramar explicó: “es una estructura criminal y por ello demandamos que sea investigada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado”.
Resaltó que los criminales recibieron unos Q15 millones por venta ilegal, ofrecen títulos falsos de propiedad, por otra parte, los propietarios de la finca invadida estiman pérdidas en Q5 millones.
El presidente de Anacafé, Ricardo Arenas exigió a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (Csj), separar y castigar a los jueces que violan los derechos de los guatemaltecos.
El representante de la Cig, Otto Becker comentó: “el actuar de estos jueces pone en riesgo a todo el país porque debilita la certeza jurídica que es base de la inversión”.
Amalia Barrios, de Cf, expresó, “que el sector financiero se encuentra preocupado por esta resolución y otras que demuestran el ataque sistemático al sector productivo del país”.
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