Opinión
La contienda por combatir la corrupción la hemos percibido desde las acciones que el Ministerio Público, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), llevaron a cabo juntos en los últimos años. Aún sin la existencia de la Comisión, los guatemaltecos esperaríamos que el MP continúe investigando los posibles casos de corrupción, y que con pruebas contundentes los presenten a los tribunales, para su enjuiciamiento y eventual condena.
La Corte Suprema de Justicia presentó en el 2017, una iniciativa que se basaba en el principio de la justicia premial. Planteaba la reducción de penas a quienes aceptaran su responsabilidad en los delitos que le imputaran, a cambio de colaborar con el Ministerio Público (MP) en las investigaciones, así como reparar el daño cometido por medio del resarcimiento a las víctimas o al Estado.
Atrás quedo el 14 de septiembre de 2017, cuando miles de guatemaltecos en redes sociales, frente al congreso, y sus alrededores, manifestaron su rechazo al pacto efectuado entre diputados, que primordialmente beneficiaría a políticos investigados por delitos electorales, peculado, cohecho, lavado de dinero, y malversación, por el Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Donde un estudiante de la Universidad Rafael Landívar, mientras otros alumnos de la Universidad de San Carlos (USAC) secundaban su consigna. “No descansaremos hasta verlos presos a toda esa mafia dentro del Congreso”, aseguró a la agencia de noticias EFE.
Ahora, cuando ya falta poco para que termine la presente legislatura, un grupo de diputados se apresuró a darle vuelta a la iniciativa de la CSJ para quitarle dientes y convertirla en un instrumento proimpunidad. Los diputados aprobaron el 12 de noviembre las reformas al Código Procesal Penal en la que se incorpora el procedimiento de aceptación de cargos para reducción de penas. Y sin resarcimiento a las víctimas o al Estado.
Como algo inusual el hemiciclo contó con la presencia de 122 diputados, cuestión que no se daba desde al menos seis meses. Unió a los diputados la aprobación de las reformas al Código Procesal Penal para incorporar al menos 14 artículos para beneficiar a personas señaladas de diferentes delitos.
Gracias a lo decidido en la ley de reducción de penas, se benefician los corruptos, los lavadores de dinero y los culpables de delitos electorales, así como peculado, cohecho, lavado de dinero, malversación, y de nuevo existe una burla a la ley y su espíritu.
Especialistas en Derecho Penal, concuerdan que las reformas desarticularán el sistema penal, porque abarcan delitos cometidos por el crimen organizado, como robo de carros, celulares, casas, estafas, fraudes y el narcotráfico, asociado al lavado de dinero.
En el caso de los pandilleros podrían ser favorecidos porque podrían utilizar las figuras de la obstrucción extorsiva de tránsito y las exacciones intimidatorias, las cuales no están entre las exclusiones de esa ley. Por eso es urgente evitar que el decreto 10-2019 entre en vigencia, porque de hacerlo instaurará un régimen de impunidad.
elsancarlistau.wordpress.com 
Muy buen trabajo de investigación y análisis
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